Por Colby Adams.
La explotación de compañías pantalla por traficantes de armas, financistas de terrorismo y otros criminales representa un serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió un alto funcionario del Departamento del Tesoro norteamericano.
A juicio David Cohen, secretario asistente en tema de financiamiento del terrorismo, es necesario que los Estados [en EE.UU. las empresas se crean ante los organismos estatales donde está la sede del negocio] fortalezcan el proceso de recolección y archivo de datos sobre los beneficiarios finales de las corporaciones.
“La información sobre el dueño beneficiario final de una entidad legal, al momento que el negocio es creado, o cuando se producen cambios en el negocio, cuando abren una cuenta, es crítica para frenar la explotación de entidades legales por parte de los criminales”, indicó Cohen ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos.
El Senado pudiera aprobar una medida que le exigiría además a los organismos estatales el exigir una identificación con foto de los dueños beneficiarios finales extranjeros cuando creen un negocio en Estados Unidos.
La nueva regulación, llamada Acta de Incorporación Transparente y Asistencia Legal, define al “dueño beneficiario” como “el individuo que tiene un nivel de control sobre el negocio, que le permite como individuo controlar, gerenciar y dirigir la empresa”.
Jennifer Shasky, una consejera del Departamento de Justicia, dijo que numerosas investigaciones se han encontrado una pared cuando intentan determinar a quién pertenece una empresa pantalla. Las empresas pantallas en Estados Unidos son atractivas para los criminales, porque ofrecen un aire de legitimidad que no lo dan los paraísos fiscales”.
La regulación fue introducida en mayo de 2008 por el senador Carl Levin, quien recordó el caso del traficante de armas ruso, Voktor Bout, quien utilizó 10 compañías creadas en los estados de Florida y Texas, así como 2 en Delaware, para transferir US$325 millones de ingresos criminales.
Algunos críticos de las medidas aseguran que los criminales pudieran proveer información de identificación falsa, pero Levin considera que esto incluso ayudaría a demostrar las intenciones criminales de alguien que no otorga información veraz al momento de crear su empresa.
Otros miembros del senado, como el republicano Bob Mannet, afirman que la medida pudiera generar mayores costos al momento de crear pequeños negocios y que los Estados deberán enfrentar el incremento de los costos procesales.
En el año 2006, el GAFI criticó a Estados Unidos porque algunos Estados no requieren que se identifique al dueño beneficiario al momento de crear las corporaciones. Se estima que cerca de 2 millones de negocios son creados cada año en Estados Unidos.
