Por Colby Adams.
Mientras el mercado del oro sigue creciendo, el resurgimiento de la industria minera y la escasa supervisión de las autoridades han hecho que este sector sea atractivo para los grupos criminales que buscan aumentar los ingresos y lavar el dinero sucio, según afirman los investigadores.
El problema ha empeorado, ya que el precio del oro se ha apreciado un 100%, al llegar a alrededor de US$ 1.800 por onza luego de costar aproximadamente US$ 900 por onza en enero de 2008. La demanda mundial de oro en el segundo trimestre de 2011 superó las 920 toneladas, por un valor US$ 44.500 millones, el segundo valor más alto para el producto trimestral de la historia, según el World Gold Council.
Debido a su creciente precio, “el oro ha entrado mucho en el portafolio” de los grupos narco-paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con Jeremy McDermott, director de investigación de la delincuencia de InSight, una consultora con sede en Bogotá que investiga las tendencias del crimen organizado en América Latina.
Los grupos ilegales han invertido cada vez más en las operaciones mineras en Colombia, ya sean legales o no autorizadas, como un medio para aumentar los ingresos y lavar sus ganancias de otros delitos, dijo McDermott. Las pequeñas operaciones, no las industriales, son los más vulnerables ante los delincuentes, ya que las grandes empresas “pueden garantizar la protección”.
Las FARC, que también posee minas a través de empresas de fachada, ha extorsionado a los mineros legítimos de las región colombiana de Antioquia exigiéndoles hasta US$ 1 millón al mes por protección, afirmó McDermott, quien se reunió y entrevistó a los operadores mineros que han negociado con el grupo terrorista.
Dentro del pequeño y remoto estado de Putumayo hay más de 250 sitios en donde el oro ha sido ilegalmente dragado, significando esto para el gobierno una pérdida de millones de dólares en pagos de regalías perdidas, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior de Colombia.
Las metodologías ligadas al oro
Según explica McDermott, los criminales normalmente se benefician de la industria en tres formas:
- Mediante la compra de las minas a través de empresas de fachada.
- La extorsión de los mineros legítimos.
- Con el control de la maquinaria pesada necesaria para la industria, por la cual ellos cobran “precios exorbitantes”.
Poca supervisión
Bajo un sistema de registro adoptado en 2001 y modificado en febrero de 2010, los operadores mineros sólo necesitan una prueba emitida por la municipalidad local para iniciar las operaciones bajo el disfraz de una empresa legal, de acuerdo con Lina Arteaga, abogada de Alianza, W.J., una firma financiera con sede en Medellín.
La autorización y el registro de los mineros ha sido problemático, en parte porque los operadores ilegales son capaces de obtener la documentación ilegítima en muchos casos. En abril, las autoridades colombianas señalaron que de las 7.700 licencias utilizadas en todo el país, sólo 1.700 habían sido legítimamente emitidos.
Una vez en funcionamiento, las minas rara vez son inspeccionadas. En algunas regiones, actualmente no hay funcionarios del Instituto Colombiano de Geología y Minería para controlar los negocios, declaró recientemente el senador colombiano Hernán Andrade Serrano al diario El Espectador.
Los reguladores financieros de Colombia “no envían personas a nuestras operaciones mineras” y “confían en que los informes que estamos presentándoles son correctos”, dijo Camilo Velásquez, director financiero de South American Gold Corp., una de Richmond, una compañía de inversión estadounidense que está aplicando a concesiones mineras en Colombia.
“Tenemos nuestra cuenta bancaria principal en Vancouver, pero tenemos intereses en tres empresas de Colombia que mantienen sus cuentas a nivel local”, dijo Velásquez, quien agregó: “Nosotros proporcionamos los informes a las entidades que lo requieran, pero no hay una ley contra el lavado de dinero que cubra la minería”.
Las autoridades colombianas creen que el problema es lo suficientemente grave como para merecer la formación de una subdivisión dedicada a las investigaciones mineras dentro de la unidad de inteligencia financiera, informó en abril Radio Caracol.
El gobierno también ha puesto en marcha un programa separado de inscripción para los mineros ilegales que les permitirá declarar oro ilegalmente extraído y recibir el reconocimiento oficial antes de la fecha límite de 2014.
La iniciativa está destinada a atraer a los mineros a la economía legal, “pero significa que los grupos criminal puede registrarse como empresas mineras y luego declarar que han extraído oro”, advirtió Lina Arteaga.
Una efectiva regulación de las operaciones de la minería artesanal es “casi imposible”, debido a la cantidad de minas y a la capacidad de las operaciones mineras de moverse rápidamente, aseguró Octavio Betancourt, director de Milersen LLC, una consultora de dinero contra el lavado con sede en Miami.
Lavado a través del comercio
La situación ha generado algunos esquemas de lavado de dinero “que una vez explotado el sistema financiero formal han emigrado al sector minero”, indicó Andrés Otero, quien supervisa las oficinas de Nueva York de la consultora de riesgo Kroll Inc. en Colombia. Los narcotraficantes y otros criminales están usando técnicas comunes de lavado de dinero basado en el comercio para esconder su dinero sucio.
“Hay un montón de pequeñas empresas que están exportando grandes cantidades de oro que, de acuerdo con la información que se tiene sobre la exploración, esas minas no pueden dar tales cantidades de extracción, ya que en muchos casos las minas no son operativas (…) De esta manera, el dinero sucio se encuentra en los libros y hacen que parezcan legítimos”, explicó Otero.
Por lo tanto, los bancos con clientes en la industria deben requerir actualizaciones periódicas sobre los datos de registro presentados ante las autoridades mineras locales, incluyendo a las sedes municipales, dijo Otero al señalar que los departamentos de cumplimiento también deben exigir el comprobante de compra de las transacciones para asegurarse de que el oro fue obtenido bajo las licencias adecuadas.
En algunos casos, los grupos criminales involucrados en la minería pueden evadir a las instituciones financieras por completo, mediante la compra de armas y otras mercancías con metales preciosos, señaló Betancourt. Las empresas mineras son clientes caros para los bancos, debido a que la “diligencia debida y la diligencia debida ampliada les obliga a visitar las minas y evaluar su producción”.
