Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a resaltar ante el congreso argentino la necesidad de que el país apruebe una ley que tipifique el delito de financiación del terrorismo.
Los miembros de la delegación del FMI—encabezada por Jean Francois Thony—dijeron a los miembros de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de Argentina que el país necesita aprobar una ley que tipifique el terrorismo que servirá para tener una base legal para combatir la financiación del terrorismo.
Los funcionarios del FMI proveyeron al gobierno de algunas sugerencias para avanzar en el diseño de una ley. Sin embargo, la discusión continúa porque algunos congresistas no están de acuerdo la definición de acto terrorista para el organismo multinacional.
Sonia Escudero, presidente de la comisión del Senado que recibió a la delegación del FMI, dijo que “la dificultad principal para avanzar en la ley es definir qué es terrorismo”. La definición que propone el FMI es muy amplia y en el caso de que se aceptara se correría el riesgo de criminalizar hasta la protesta social.
La iniciativa para tipificar el terrorismo dentro de la legislación nacional (Argentina ya es signataria de varios tratados internacionales del tema) se encuentra en estudio por una comisión que integran el Banco Central de Argentina, el Ministerio de Justicia y legisladores de ambas cámaras. La propuesta busca agravar las penas cuando los delitos cometidos tengan como objeto aterrorizar a la población o forzar acciones de autoridades o un gobierno. Duplica el mínimo y el máximo de las penas previstas en el Código Penal.
Si bien Escudero aclaró que se tratará el proyecto de ley una vez que el Poder Ejecutivo brinde señal de aprobación, adelantó que harán un seminario con especialistas para debatir la cuestión y pidió que para esa ocasión concurran los expertos del FMI.
A finales de marzo, y tras una fuerte presión por parte de los países que conforman el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—, Argentina aprobó una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de información financiera (UIF) para investigar las operaciones de lavado de dinero. La nueva ley obliga a los sujetos obligados a levantar el secreto bursátil y bancario cuando así lo requiera la UIF, sin la necesidad de una orden judicial.
En esa oportunidad no se pudo llegar a un acuerdo para delinear una norma que atacara el financiamiento del terrorismo.
