Como parte del proceso de fortalecimiento del marco regulatorio que adelanta la Unidad de Información Financiera de Argentina, el organismo emitió una nueva regulación que aumenta las exigencias antilavado de dinero para todos los clubes de Primera División y de Primera B Nacional.
Mediante la Resolución 196/2012, publicada hoy en el Boletín Oficial, las autoridades establecieron que los equipos deben notificar quiénes son los beneficiarios finales en las transferencias de cada uno de sus futbolistas. La Asociación del Futbol Argentino (AFA) “deberá informar antes del 31 de diciembre del corriente año la titularidad de la totalidad de los derechos económicos, derivados de derechos federativos de todos los jugadores que integran cada uno de los planteles profesionales”
Los equipos “deberán remitir a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) documentación relativa a sus clientes, para que la citada asociación cuente con los elementos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado a informar a esta Unidad de Información Financiera”. Los clubes también deberán informar sobre los préstamos que reciban por montos superiores a los ARG$ 100.000.
Pero la AFA también tendrá mayores compromisos ante las autoridades, ya que la Resolución 196/2012 “establece que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) deberá considerar el cumplimiento que los clubes observen de tal obligación, como una de las cuestiones a tener en consideración a la hora de decidir efectuar un Reporte de Operación Sospechosa a esta Unidad de Información Financiera”. Además, cada seis meses tiene que informar las transferencias o cesiones de derechos federativos.
Con estas medidas la UIF busca “solucionar los inconvenientes planteados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los mencionados Sujetos Obligados”.
El riesgo de lavado que existe en este sector fue destacado recientemente -en una entrevista concedida a Lavadodinero.com- por el experto Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federación Argentina Para el Estudio y Análisis Sobre la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (FAPLA).
“El fútbol profesional se transformó en una actividad deseable para las organizaciones criminales fundamentalmente por tres razones: a) Espectáculo masivo de atracción y escala mundial que revela el carácter transnacional del mismo; b) Incremento significativo en los últimos 20 años de la facturación de los Clubes, de las empresas de publicidad, patrocinantes y de las empresas que comercializan la imagen de los propios Clubes y de los jugadores profesionales; y, c) La generalizada necesidad de financiamiento por parte de los Clubes (estados contables generalmente deficitario)”, aseveró Casanovas.
La medida de la UIF justamente apunta a uno de los aspectos destapados por Casanovas, quien explicaba que “las tendencias más relevantes detectadas en maniobras de lavado de dinero se vinculan necesariamente en la falta de identificación del beneficiario final de la operatoria de transferencia de los derechos económicos que posee el Club respecto del jugador profesional que motiva la operación”.
