Con una apretada agenda los representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizaron su sesión plenaria del 17 al 19 de octubre en París, donde reconocieron los esfuerzos de algunas naciones que están bajo monitoreo continuo, mantuvieron su presión sobre otras y aprobaron nuevos documentos relativos a la lucha contra e lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Mediante un comunicado, el GAFI indicó que recibió “con satisfacción el progreso continuo de la Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en las evaluaciones mutuas precedentes. En particular, la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo”.
El GAFI también dio la bienvenida el plan de acción para la aplicación efectiva del delito de lavado de dinero, “lo que demuestra el progreso importante que el GAFI espera que Argentina continúe”.
En relación a Venezuela. GAFI anunció que sus técnicos visitarán el país “para confirmar que el proceso de implementación de las reformas necesarias y las acciones en marcha para corregir las deficiencias previamente identificadas”.
Venezuela “ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluso mediante la promulgación de legislación ALD / CFT que tipifica como delito la financiación del terrorismo y establece la obligación del reporte de operaciones sospechosas (ROS) para lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y la emisión de nuevas resoluciones destinadas a establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas”.
Otro país que recibió elogios fue Trinidad y Tobago, por “haber establecido un marco legal y regulatorio” que cumple con los compromisos adquiridos mediante el Plan de Acción creado para solventar las deficiencias detectadas en su estructura antilavado. Por tal razón, el país no estará más bajo el proceso de monitoreo de parte del organismo.
Para Nicaragua la situación no fue muy alentadora, ya que fue incluido junto a la nación africana de Zimbabue en una categoría de “naciones que no han hecho suficientes progresos”. A pesar del compromiso de alto nivel político logrado con GAFI para solventar las deficiencias, el organismo “aún no está convencido de que Nicaragua ha avanzado lo suficiente en la aplicación de su plan de acción, y se mantienen ciertas deficiencias ALD / CFT estratégicas”. Fortalecer la obligatoriedad de la debida diligencia y del mantenimiento de registros de clientes en sectores no regulados, así como obligar la presentación de ROS e implementar un programa adecuado de supervisión fueron algunas de las urgencias destacas por el ente multilateral durante la plenaria.
La Lista Negra
Irán y Corea del Norte se mantienen como las únicas integrantes de la “lista negra” del ente multilateral, por lo cual GAFI reiteró su llamado a todos los miembros que apliquen medidas para combatir el riesgo que representan de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En el caso de la s jurisdicciones que mantienen deficiencias estratégicas, Bolivia, Cuba y Ecuador son las únicas naciones latinoamericanas que permanecen en la llamada “lista gris”.
En relación a Bolivia, GAFI expresó que la promulgación de la Ley 262 ayudó a solventar sustancialmente las deficiencias identificadas respecto a la penalización del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, GAFI reconoció el trabajo de fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), pero reiteró que “no se han hecho suficientes progresos dentro de los plazos establecidos en el plan de acción”. El organismo mantuvo su exigencia de que Bolivia tiene que fortalecer el marco legal que permita identificar y congelar fondos asociados al terrorismo.
Al igual que Bolivia, Ecuador fue criticado porque “no se han hecho suficientes progresos dentro de los plazos establecidos en el plan de acción”, aunque el organismo reconoció el fuerte compromiso político mostrado por las autoridades para corregir las deficiencias y celebró los progresos logrados en el fortalecimiento de la estructura ALD / CFT, especialmente la presentación al congreso de un proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo.
Cuba aún no tiene ningún plan de acción desarrollado conjuntamente con el organismo, pero ha manifestado su interés en unirse al GAFISUD, por lo cual el GAFI exhortó a las autoridades cubanas a mantenerse en conversaciones para desarrollar una estrategia que permita solventar sus deficiencias en la estructura ALD / CFT.
Preparando las evaluaciones mutuas
Los técnicos del organismo aprovecharon la plenaria para seguir trabajando en la implementación de las nuevas 40 Recomendaciones en el proceso de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas que se iniciará el próximo año.
El organismo seguirá con los diálogos con representantes del sector privado y de la sociedad civil para revisar la implementación de las recomendaciones, entre ellas la relativa a las actividades de las organizaciones no gubernamentales, ya que será muy “importante que las regulaciones y las acciones en este sector no afectarán las actividades legítimas de esas organizaciones”.
Documentos adicionales
La plenaria fue propicia para que el organismo emitiera nuevos documentos mediante los cuales cumple con su compromiso de facilitar herramientas de orientación y guías para las naciones miembro.
Con el objetivo de ayudar a los países en la implementación de las Recomendaciones 4 y 38, el GAFI publicó la actualización del documento de Buenas Prácticas sobre el Decomiso y la Recuperación de Activos, aprobado originalmente en 2010. Este material ofrece valiosas recomendaciones para eliminar los obstáculos que afectan la confiscación efectiva, “así como establecer un marco regulatorio para la recuperación de activos en el contexto internacional”.
También se actualizó con las nuevas 40 Recomendaciones la Guía de Referencia y Nota de Información en el uso de las Recomendaciones del GAFI para combatir la Corrupción. Este documento, publicado originalmente en octubre de 2010, señala sobre cómo las Recomendaciones, cuando son efectivamente implementadas, ayudan a combatir la corrupción.
