Por Colby Adams.
Los bancos globales que tienen operaciones y/o negocios en Turquía definen los posibles escenarios que pudieran resultar de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para este mes, en la cual se determinará si Turquía es suspendida del organismo o si es retirado de la lista negra.
Dependiendo de cómo los miembros del GAFI voten el próximo 22 de febrero, Turquía podría unirse a Irán y Corea del Norte en la pequeña lista negra de las jurisdicciones que requieren contramedidas; podría permanecer en la lista que incluye a las jurisdicciones de alto riesgo como Pakistán, Yemen, Nigeria, Cuba y Siria; o podría ser trasladada a la llamada “lista gris” de jurisdicciones que son consideradas como entes que cooperan con el GAFI en el fortalecimiento de sus estructuras antilavado.
“De acuerdo a la manera en que funcionan las leyes de Turquía actualmente, alguien podría enviar los fondos a terroristas de todo el mundo a través de Estambul y el país técnicamente no sería capaz de congelarlo”, dijo la fuente anónima. “Eso es un problema muy grande, y no se ha abordado todavía”.
El GAFI amenazó en octubre con suspender la membresía de Turquía si no cumplía con el establecimiento de un marco jurídico para identificar y congelar los activos de terroristas de forma consistente con las 40 Recomendaciones de la organización. Turquía también debe modificar su definición del delito de financiamiento del terrorismo para incluir la financiación de los actos cometidos en el extranjero.
En respuesta, los legisladores de la Gran Asamblea Nacional de la Comisión de Justicia revisan un proyecto de ley que permitiría a los investigadores, que actúan bajo la supervisión de un panel del gobierno, congelar los activos sospechosos de terrorismo, según la agencia estatal de noticias Anatolia. La ley también obligaría a los bancos a controlar más estrictamente las transacciones en efectivo.
La decisión del GAFI probablemente afecte el nivel de diligencia debida que los bancos extranjeros aplican a las empresas turcas y a las cuentas de corresponsalía, indicó un oficial de cumplimiento de Nueva York de una institución financiera global con operaciones en Turquía.
En un comunicado de noviembre pasado, la Red de Combate de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su abreviatura en inglés), los bancos estadounidenses deben aplicar medidas de debida diligencia ampliada (EDD, por sus iniciales en inglés) a las cuentas de corresponsalía de entidades que operan bajo una licencia bancaria emitida por Turquía, una de las 17 jurisdicciones que requieren EDD, según la lista del Departamento.
“Esto no es algo seguro, pero si GAFI asciende a Turquía y FinCEN sigue el ejemplo del GAFI”, los bancos estadounidenses podrían elevar su umbral de requisitos de recopilación de datos de beneficiarios finales de los bancos y negocios turcos del 10% al 25% y flexibilizar las normas por las que las transacciones de Turquía fluyen a través de filtros automáticos, dijo el oficial.
El grupo intergubernamental con sede en París incluyó a Turquía en una lista de 17 jurisdicciones que aún no se han comprometido a un plan de acción aprobado por el GAFI para mejorar su lucha contra el lavado de dinero y los controles de financiación antiterrorista.
Oportunidades de inversión
La decisión del organismo multilateral podría también afectar las oportunidades de inversión. Para que Turquía atraiga la financiación externa que necesita, debe ser calificada como “Grado de Inversión” por al menos dos de las tres principales agencias mundiales de calificación crediticia, según Naz Masraff, un analista de riesgo de Londres, que se ha enfocado en Turquía y los Balcanes Occidentales para el Grupo Eurasia.
Una de las tres agencias –la Agencia Fitch Ratings de Nueva York- condicionó la calificación de inversión de Turquía en la capacidad del país para evitar la suspensión por el GAFI. “La nueva legislación se adoptará en un breve plazo, así que no esperamos una suspensión del GAFI, pero las consecuencias podrían ser nefastas para la economía turca y para los bancos nacionales y extranjeros de allí si llegara a suceder [que caiga en la lista negra], y nuestros clientes están prestando atención” señaló Masraff.
“Un segundo ascenso de una agencia de calificación de crédito, mejoraría considerablemente las condiciones de financiación en Turquía, y todo el mundo quiere eso, pero por lo menos es crucial para que Turquía mantenga por lo menos el primero”, dijo Masraff. La legislación propuesta no va a librar completamente a Turquía de la lista gris del GAFI, pero sería proteger al país de “una suspensión que nadie quiere, incluyendo el GAFI“.
La certeza de que una suspensión del GAFI dañaría la posición de Turquía con la banca internacional “es algo que el país no puede ignorar”, indicó Ross Delston, un consultor independiente de Washington, DC que ha realizado evaluaciones mutuas al estilo del GAFI para el Fondo Monetario Internacional.
“Es un gran avance porque Turquía es un país importante, una superpotencia regional, con un sistema bancario muy desarrollado apostado en una ruta comercial natural. La presión ha obligado a cambios como esto antes, pero es raro que este tipo de presión se dirija contra uno de los propios miembros de GAFI”.
Los legisladores turcos también han argumentado que los países europeos con frecuencia pasan por alto las actividades de recaudación de fondos realizada en sus jurisdicciones por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK, en kurdo), un grupo separatista kurdo que opera a lo largo de la frontera de Turquía con Irak, a pesar de haber sido designados como una entidad terrorista por la Unión Europea y los Estados Unidos.
En caso de ser incluido en la lista negra, las posibles medidas contra Turquía incluirían el llamando a las jurisdicciones para prestar “atención especial” a las relaciones de negocios y transacciones relacionadas con Turquía, y adoptar medidas no especificadas para prevenir el abuso de las relaciones de corresponsalía. GAFI también podría pedir a sus miembros considerar la prohibición a los bancos de abrir sucursales y subsidiarias en sus jurisdicciones.
