Por Sergio Antequera. 
Para que un “soplón” pueda obtener protección antirepresalias deberá informar todas las actividades sospechosas e ilícitas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus inciales en inglés), de acuerdo a un estatuto de la Corte Suprema estadounidense.
En el marco de la ley Dodd-Frank para denunciantes, dichas personas que quieran calificar para el programa de protección tendrán como requisito indispensable acudir con sus testimonios a la SEC y no solo a sus compañías, lo que pudiera generar un aumento en la afluencia de acusaciones directas a la Comisión oficial.
“Es para motivar a las personas que sepan sobre violaciones de las leyes de Valores a que lo comuniquen a la SEC”, expresó la jueza Ruth Bader Ginsburg, en referencia a la causa principal de la provisión estipulada por la Corte Suprema.
Sin embargo, esta actualización de la ley Dodd-Frank para colaboradores no aplica a profesionales dedicados al antilavado de dinero o contra el financiamiento del terrorismo, (ALD/CFT) pues no es un área relacionada. En relación a esto, John Podvin, abogado de Haynes and Boone, quien se desempeñó como abogado de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus iniciales en inglés), explicó en una entrevista exclusiva para lavadodinero.com en 2012:
“Esas disposiciones -ley Dodd-Frank- protegen a algunos en ciertas ocasiones, pero no a todos en todo momento. Las disposiciones de los denunciantes se aplican a empresas que informan a la SEC (Comisión de Valores de EE.UU.), pero esas disposiciones, por lo general, no se aplican a empresas privadas. En la mayoría de los casos, no creo que lo protejan si usted es un profesional ALD. La SEC no administra regulaciones ALD”.
“Si usted es un profesional ALD que se encarga de informar la mayoría de los tipos de actividades ilegales, no hay nada en la Ley Dodd-Frank que impida que su empleador tome represalias contra usted y que pierda su trabajo a menos que la actividad sospechosa esté relacionada con violaciones a las leyes de valores o violaciones de las leyes de protección al consumidor. También hay una gran duda acerca de si las disposiciones de protección legal (safe harbor provisions) [de los informe de actividad sospechosa, o SARs] protegen realmente contra despidos”, añadió.
Esto quiere decir que en materia de antilavado de dinero, el único cambio efectuado a la disposición del 2012 es el requisito a los soplones de informar directamente a la SEC, mas no la inclusión de algún tipo de protección específica para oficiales de cumplimiento ALD/CFT.
