Luego de una dura batalla legal de 3 años, las autoridades de Estados Unidos lograron que sus contrapartes de Guatemala ejecutaran la extradición del expresidente Alfonso Portillo, quien el pasado viernes se convirtió en el primer jefe de estado latinoamericano en ser entregado para enfrentar a los tribunales estadounidenses por el delito de lavado de dinero.
Portillo fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York –considerada una de las más agresivas del país en contra de los delitos de cuello blanco-, por el delito de conspiración para lavar US$ 70 millones, durante su gestión al frente del gobierno guatemalteco. El exmandatario se presentó ante el tribunal el viernes en una corta audiencia en la que se declaró inocente de los cargos que se le imputan.
El Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), Michele M. Leonhart, declaró que Portillo “usó nuestro sistema bancario para lavar dinero ilícito”, pero gracias a la colaboración del gobierno de Guatemala, ahora deberá enfrentar a la justicia.
De igual forma, el fiscal Preet Bharara resaltó la cooperación al indicar que la extradición “es el resultado del compromiso incansable y la dedicación de nuestros fiscales y de los organismos policías aliados, tanto de los Estados Unidos como de Guatemala”.
En julio de 2012, la Corte Constitucional (CC) de la nación centroamericana confirmó el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo de 2010, favorable al pedido de la justicia estadounidense. Sin embargo, las apelaciones de la defensa habían retrasado el proceso.
Si Portillo es encontrado culpable, pudiera enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel y una multa del doble del monto legitimado.
El movimiento del dinero
Según indican los documentos presentados ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, Portillo movilizó dinero a través de cuentas bancarias de bancos estadounidenses, panameños y europeos mientras estuvo al frente del gobierno guatemalteco entre enero de 2000 y enero de 2004.
Los investigadores afirman que Portillo malversó aproximadamente US$ 2.5 millones aportados por el Gobierno de la Embajada de Taiwán en Guatemala. En 2000, la Embajada de Taiwán emitió tres cheques por un total de US$ 1.5 millones, con el propósito de financiar un programa diseñado para comprar libros para las bibliotecas escolares. Sin embargo, el dinero no fue invertido en Bibliotecas para la Paz, sino que fue depositado en una cuenta bancaria personal en Miami.
Casi US$ 1 millón de la donación fue movilizado mediante varias transacciones y transferencias destinadas a ocultar la fuente y el origen de los fondos, que terminaron en las cuentas bancarias de la ex esposa y la hija de Portillo en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (“BBVA”) en París, Francia. El dinero fue movilizado a través de las instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros lugares.
También en el año 2001, el expresidente malversó aproximadamente 30 millones de quetzales (equivalente en ese momento a unos US$ 3,9 millones) del Ministerio de Defensa de Guatemala. Portillo ordenó que este dinero se entregará al banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN), donde él mismo había nombrado como presidente a un cómplice dela trama.
Con la ayuda del banquero, Portillo utilizó fondos militares para, entre otras cosas, financiar un negocio de tierras privadas, disimular un préstamo a un asociado y emitir cheques a una compañía controlada por otro cómplice, quien transfirió una parte de ese dinero a las cuentas de BBVA controladas por la exesposa y la hija de Portillo.
Por último, desde aproximadamente 2000 hasta 2003, el exmandatario malversó fondos de las reservas públicas del CHN. Conjuntamente con sus cómplices, creó una red de empresas fachada que recibieron recursos de la entidad financiera. El dinero fue utilizado para comprar bienes personales, como relojes costosos y automóviles.
