En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-política del país suramericano los distraiga de un aspecto neurálgico: el movimiento de dinero.

    Conflictos como los ocurridos en el marco de la llamada “Primavera Árabe” demostraron que mientras el mundo observaba con preocupación la lucha en las calles de Egipto, Libia y Siria, miles de millones de dólares eran estructurados a través de sistema financiero global para buscar refugio en jurisdicciones y/o entidades financieras complacientes con esos recursos de dudosa procedencia.

    Los profesionales antilavado de las jurisdicciones comercial y financieramente asociadas a Venezuela deben prestar mucha atención a los flujos “nerviosos” de dinero, ya que algunos de ellos pudieran estar asociados a personas expuestas políticamente que pueden estar sintiendo un mayor riesgo ante la inestabilidad política del país. Al mismo tiempo, muchos miembros del sector privado venezolano pueden estar intentando salvaguardar sus capitales ante la incertidumbre.

    Sin embargo, el flujo de dinero “privado” es distinto al de los PEPs, ya que estos últimos son los únicos que pueden obtener grandes cantidades de divisas autorizadas por los organismos que administran el control de cambio y mediante complejos esquemas de empresas fachada realizan transferencias de montos elevados originadas en la banca venezolana o en sus sucursales de El Caribe.

    Por su parte, el flujo de capital privado descansa en el Mercado Negro de Cambio de Bolívares (una adaptación del legendario Mercado Negro de Cambio de Pesos utilizado por los carteles colombianos durante tantos años), el cual genera movimientos de dólares que no se originan en Venezuela, porque ya están en la banca internacional, mientras que en Venezuela se producen grandes operaciones en Bolívares o se intercambian bienes de gran valor.

 

    Lo importante es entender que la situación “extraordinaria” que vive Venezuela, requiere una vigilancia “extraordinaria” para evitar riesgos y, más importante aún, para no ser cómplices silentes de quienes mueven dinero ilícito.

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