La complejidad y los riesgos asociados a las operaciones de banca privada, así como la delicada relación que mantienen con las jurisdicciones off shore, quedaron una vez más evidenciada con las investigaciones que adelanta la justicia de Argentina contra la filial del JPMorgan Chase por presuntamente facilitar la evasión a paraísos fiscales y el lavado de millones de dólares de importantes clientes argentinos.
Las autoridades investigan la fuga de unos U$S 5.000 millones realizada por el gigante estadounidense entre los años 2001 y 2008, buscando también establecer si los fondos provinieron de actividades delictivas y de la evasión fiscal.
El nacimiento de la investigación se remonta al año 2008 cuando un exejecutivo de la filial argentina del banco, Hernán Arbizu, se presentó ante la justicia para denunciar (autoincriminándose) a la entidad por haber facilitado la evasión y el lavado de dinero a sus clientes de banca privada. En su denuncia, Arbizu aportó un listado de 469 empresas y personas físicas de la Argentina involucradas en el delito, entre las cuales se encuentra el multimedio Clarín que, desde hace años mantiene un importante enfrentamiento con el gobierno nacional.
Si bien la denuncia se había mantenido sin movimiento, es otra denuncia realizada en el último año desde el multimedio contra el expresidente Néstor Kirchner y empresarios afines a él, la que da origen a un movimiento judicial propiciado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que logra ser aceptada como querellante en una nueva causa abierta por presuntas maniobras de lavado de activos realizadas por casi medio millar de firmas y empresarios que operan en la Argentina a través del JPMorgan Chase.
Entre los motivos que aportaron a la “parálisis” de la causa durante casi cinco años, la justicia argentina hace referencia a la falta de colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos para brindar la información solicitada por el magistrado “sobre la exactitud de los datos incluidos en el listado aportado” por Arbizu.
Según lo denunciado por “el arrepentido” –como lo ha dado en llamar la prensa argentina-, él mismo, en connivencia con el banco, habría ayudado a lavar millones de dólares a grandes fortunas del país. Un testimonio fundamental si se tiene en cuenta que su función dentro del banco era la de vicepresidente de Banca Privada donde, según lo que explicó en su declaración del 11 de julio de este año ante la justicia argentina: “nos enfocábamos en lo que se define como el sector de Ultra Altos Recursos, que son mínimos de cuenta de 25 millones de dólares líquidos (…) con un patrimonio no menor a 100 millones de dólares”.
Irregulares metodologías
En su declaración, Arbizu detalló las dos metodologías que aplicaba el JP Morgan para manejar los fondos de sus clientes. Por un lado, captaban los que provenían de venta de empresas, que una vez afuera evadían obligaciones tributarias. La otra modalidad era en sociedad con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), sistema previsional privado eliminado por el gobierno de Cristina Fernández en el año 2008.
Una vez que una empresa realizaba una oferta pública a través de un banco, estas administradoras de fondos de pensiones compraban la emisión aunque no fuera un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos eran sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos.
Por la segunda de estas metodologías fue que en 2010 el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, llevó adelante una denuncia penal para que se aclare el proceso por el cual acciones de tres importantes grupos empresarios, luego adquiridas por las AFJP, salieron al mercado con un valor que luego cayó abruptamente, en una operación comandada por la banca JPMorgan. Por este caso, la UIF se presentó como parte querellante ante la justicia que, en una primera instancia rechazó tal solicitud, por lo que la UIF elevó el pedido ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que revocó la sentencia original.
Primer eslabón: estafa piramidal
El banquero habría tomado la decisión de acusar al banco de lavado de dinero -y autoincriminarse- para evitar el proceso abierto por estafa en los Estados Unidos, luego de ser descubierta una maniobra de triangulación de dinero entre cuentas que lo consignaban a él como el responsable directo.
Por presión del propio JPMorgan que le había puesto como meta llevar su cartera de clientes de 500 millones a 650 millones de dólares, Arbizu montó en 2008 una estafa piramidal a través de la cual el banquero habría ofrecido una comisión mayor que la permitida por el banco a un importante empresario argentino para administrar y sacar el dinero ilegalmente del país, siendo que cuando el empresario solicitó los intereses correspondientes, el exvicepresidente de Banca Privada “tomó prestados” esos fondos de la cuenta de los políticos paraguayos Acevedo Quevedo y, para cubrir ese faltante, hizo lo propio con la cuenta de otro importante empresario argentino que es el que descubre la irregularidad en su cuenta, denuncia la maniobra y deja a Arbizu en el centro de la denuncia que el banco presenta ante la justicia norteamericana.
Si bien el banco denuncia al exejecutivo, en su última visita al juzgado argentino que adelanta una de las causas abiertas, Arbizu presentó como pruebas 117 e-mails en varios de los cuales se deja al descubierto que el banco no era ajeno a la maniobra.
El lavado mediante el back-to-back
Según las declaraciones formuladas por “el arrepentido”, el dinero era lavado mediante una operación de back-to-back que consiste en que una empresa o particular abre una sociedad en un paraíso fiscal en cuya cuenta tiene depositada cierta cantidad de dinero no declarado en el país y que al momento de necesitar parte de esos fondos, lo que el banco hacía era congelar de la cuenta off shore la cantidad solicitada y luego gestionar un “préstamo” para el cliente en otro banco del país, con lo cual se generaba un autopréstamo. De esta manera, el dinero no declarado en la sociedad offshore reingresa limpio al país bajo la forma de un préstamo.
Arbizu aportó ejemplos concretos como el caso de Editorial Ángel Estrada, cuyos dueños eran beneficiarios a su vez de una cuenta a nombre de una sociedad off shore denominada “Argentine Develope Investiment” (ADI), en la cual mantenía un saldo promedio de U$S 35 a 40 millones. En 2008, la editorial necesitaba inyectar U$S 10 millones como capital de trabajo y para evitar hacer la transferencia directa desde su cuenta off shore, lo cual despertaría las alertas de los organismos de control, el JP Morgan congeló U$S 12 millones de la cuenta de ADI en Nueva York, luego el cliente solicitó un préstamo al Banco Patagonia en Argentina, oficiando como garante el JP Morgan en caso de que la editorial no saldara la deuda, completando así el esquema de lavado.
A través de los e-mails aportados a la causa por el exejecutivo quedó expuesta la complicidad del banco en dichas maniobras, así es como se puede leer en uno de ellos rescatado de la red SWIFT (red de comunicación financiera entre bancos) bajo el asunto “Ángel Estrada”, en donde uno de los titulares de la filial argentina del banco, Andrés Rodríguez Lubary, le expresa a Arbizu la necesidad de que sea el JPMorgan la entidad que da el crédito, en vez del Banco Patagonia, expresando: “nos estamos perdiendo la mitad del negocio”. Estas pruebas dejarían descartada una falla en la debida diligencia o en el departamento de cumplimiento, sino que, de probarse, se estaría hablando de una conspiración para cometer el delito de lavado de dinero.
De esta manera sintetizaba el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, la metodología utilizada: “El mecanismo se repite. Los grandes grupos económicos fugan los capitales a empresas fantasmas que ellos mismos crean en paraísos fiscales (para después reingresarlos al mercado como) autopréstamos”.
Es importante resaltar que gran parte de los nombres de particulares y empresas denunciados por el exejecutivo del banco, ya contaban con investigaciones abiertas por la UIF por sospechas de asociación ilícita, evasión y lavado de activos y fue esta Unidad precisamente la que venía solicitando por diferentes medios que se indagara al exbanquero por considerarlo clave en la explicación del funcionamiento de la presunta maquinaria de lavado por parte del banco. Según declaraciones formuladas a una radio local, Sbatella manifestó: “la figura que corresponde (aplicar en el caso) es lavado de dinero, por encubrir a partir del delito de evasión, fuga y fraude”.
Primeros efectos
Si bien la justicia argentina todavía deberá recorrer un largo camino para poder esclarecer lo denunciado por Arbizu y sancionar en el caso de que los delitos se comprueben, las repercusiones no han demorado en aparecer una vez que el caso apareció a la luz pública. Tal es el caso del éxodo de ejecutivos que se produjo en el banco en los últimos tiempos, principalmente aquellos involucrados por Arbizu como partícipes de las maniobras y protagonistas de la mayoría de los 117 correos electrónicos que ya están siendo analizados por la justicia argentina.
Fue también a raíz de esta denuncia que Argentina, a través de su Unidad de Información Financiera, decidió denunciar al JP Morgan ante la UNASUR por el delito de lavado de dinero y fuga de capitales, denuncia esta que se llevará a cabo formalmente el próximo 19 de agosto. A tal respecto, el titular de la UIF, José Sbatella expresó: “es importante que este tipo de maniobras comiencen a discutirse y se investiguen en toda Latinoamérica, porque esta metodología se ha repetido y se repite en muchos países del continente”.
