Por Fernando Martínez. 
Equiparando medidas sancionatorias de los últimos meses de Canadá y Estados Unidos, representantes de 28 países miembros de la Unión Europea acordaron, en principio la congelación de activos y prohibición de viajes a 7 altos funcionarios del régimen venezolano. En el pasado la comunidad europea ha aplicado medidas similares con Rusia y Ucrania.
Los sancionados son: Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela; Tarek William Saab, Fiscal General; Gustavo González, Jefe del Servicio de Inteligencia; Antonio Benavides, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Los funcionarios venezolanos, de acuerdo con criterios del bloque europeo, serían responsables directos e indirectos de violaciones a derechos humanos. El jurista Mariano de Alba, entrevistado por el diario El Nacional, indicó que dichos funcionarios resultarán afectados si tienen intenciones de viajar a Europa o si tienen cuentas bancarias en la Unión Europea.
Aclaró que, si bien Suiza no forma parte del bloque y en teoría en este país no se verían afectados por el anuncio, los sistemas financieros son muy complejos y complica muchísimo el estar en una lista como esa, que pasa por un sistema centralizado.
Otros especialistas consultados por Lavadodinero.com concluyen que es bastante probable que los sancionados – en caso que hayan tenido activos en la Unión Europea – lo hayan movilizado, porque desde hace varios meses se manejaba la imposición de penas.
Los detalles de la normativa sancionatoria no están hasta ahora claramente definidos, se desconoce si al igual que las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se prohibirá que cualquier ciudadano de un país miembro del bloque pueda hacer negocios con los funcionarios sancionados.
La UE ha hecho un enfoque gradual a lo relativo a las sanciones al país suramericano. En noviembre se acordó un veto a la exportación de armas y material potencialmente empleable para la represión a ciudadanos.
