A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodologías y se promueve la información a nivel mundial en relación al combate de delitos como el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el crimen organizado a su vez “trabaja” buscando las vías más convenientes para blanquear el dinero proveniente de sus actividades delictivas, el cual suele encontrarse en el vacío dejado por las legislaciones de determinados países con controles débiles, ambiguos y a veces hasta inexistentes.
Frecuentemente se confirma la relación entre PEPs y criminales, quienes realizan aportes y ofrecen recursos para financiar campañas políticas; sin embargo, en muchos países todavía se debate sobre la necesidad de señalar a los políticos o funcionarios públicos como “clientes de alto riesgo” a quienes se les debería prestar especial atención a la hora de investigar el origen de los fondos que utilizan para realizar cualquier tipo de actividad que implique el movimiento de dinero.
Se observa la ausencia de un criterio universal sobre las categorías que abarca el término PEP (persona expuesta políticamente), que se incluye en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como toda aquella persona que ejerce o ha ejercido cargos públicos y sus familiares directos, ante los que se deben tomar medidas reforzadas de prevención del lavado.
El debate se centra en cómo identificar a un PEP y es ese el punto en donde los países a la hora de actualizar sus legislaciones, en muchas ocasiones no logran ponerse de acuerdo, generando así una especie de vacío legal que deja una puerta abierta al crimen organizado. A esto se le suma la oportunidad, para los delincuentes, de “asociarse” con determinados políticos a través del aporte de importantes sumas de dinero para obtener su protección gracias al lugar de poder que ocupan.
Dinero sucio en campaña electoral peruana
Un claro ejemplo de tal situación se conoció en Perú recientemente al descubrirse el aporte de 41.625 soles (unos US$ 15.500) a la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011 por parte de quien fue incluido por el Departamento del Tesoro Público de Estados Unidos en su “lista negra” por su presunta vinculación con el narcotráfico.
“Sabemos que el narcotráfico siempre busca penetrar en la política, para tener un manto de protección, para que la política no lo persiga”, expresó el secretario general de transparencia de Perú, Gerardo Távara, en relación al hecho.
La situación en el país andino cobra aun mayor trascendencia por el hecho de que en la actualidad se están llevando adelante otras importantes investigaciones judiciales relacionadas con el lavado de dinero y corrupción que involucran a otros PEP´s locales, tal es el caso del expresidente Alejandro Toledo, como así también el hecho de que Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori actualmente en prisión cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad y corrupción.
¿Complicidad o ingenuidad?
Según las explicaciones vertidas por el partido al que pertenece Fujimori, los líderes de Fuerza Popular (FP) desconocían la procedencia del dinero. “Él (Luis Santiago Calle Quirós) realizó un aporte de S 41,625 a nuestro partido a través de su hermano, el señor Juan José Calle Quirós, a quien sí conocemos (…) dejando constancia que no solo no conocíamos de sus actividades, sino que nunca tuvimos un contacto con su persona, ya que su aporte lo realizó a través de su hermano”, señala Fuerza Popular en una carta dirigida a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.
Sin embargo, estas declaraciones fueron en cierta medida contradichas por la misma Keiko Fujimori, al afirmar en rueda de prensa: “Las personas que han hecho los aportes a la campaña electoral han sido previamente filtradas y revisadas por parte del equipo de tesorería; en ese entonces, hace dos años, no había ningún cuestionamiento a su persona” (en relación al Calle Quirós vinculado al negocio del narcotráfico). “Ahora que sabemos que tiene una vinculación al lavado de activos y con el narcotráfico, pues procederemos a hacer la devolución de este aporte, porque nuestro partido Fuerza Popular (FP) rechaza al narcotráfico y cualquier interés de parte de este flagelo de querer infiltrarse en los partidos políticos, como sí ha ocurrido en otros partidos”.
Si bien luego de las explicaciones no queda en claro si desconocían o no a la persona que había hecho el aporte a la campaña política, lo cierto es que no se realizó en su momento una adecuada debida diligencia; si hubo negligencia o intencionalidad es tema de investigación por parte de la justicia.
¿Quién es Luis Santiago Calle Quirós?
Las autoridades de Estados Unidos han señalado que Luis Santiago Calle Quirós forma parte de una importante red de lavado de dinero del narcotráfico con operaciones en España, Colombia y el Perú, entre otros países, y cuyo cabecilla sería el colombiano Isaac Perez Guberek Ravinovicz, que en julio de este año fue acusado formalmente por la Fiscalía Federal del Sur de Florida de haber trabajado para ocultar millones de dólares de actividades ilegales.
“En coordinación con Guberek Ravinovicz, Calle Quirós y Rodríguez Badillo (esposa de este último) reunían dinero en efectivo procedente de la venta de narcóticos en sus oficinas en Madrid, España, y luego canalizaban el dinero de vuelta a cuentas controladas por Guberek Ravinovicz, quien utilizaba estos fondos para pagar a narcotraficantes en Colombia”, detalla el comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU que procedió a la sanción económica a las empresas propiedad de Calle Quirós.
Repercusiones
Al margen de la investigación judicial, la denostación por parte de la opinión pública y política, la situación concreta desencadenada a raíz del escándalo es que FP ha tenido que devolver los 41.625 soles aportados a la campaña de 2011 por Calle Quirós y en donde, cabe recordar, la líder del partido quedó en segundo lugar derrotada por el actual presidente peruano Ollanta Humala.
El caso que involucra a FP salió a la luz en momentos en que analistas alertan sobre la filtración de narcotraficantes en la política peruana. Introduciéndose en el debate del país sudamericano en materia de prevención antilavado la necesidad de intensificar los controles a las actividades de políticos considerándose que los partidos no pueden eludir su responsabilidad cuando se descubren aportes vinculados al narcotráfico en su campaña, porque están en la obligación de verificar la procedencia de las donaciones que reciben.
El debate en materia antilavado se ha avivado en el Perú donde, según expertos, los filtros legales e institucionales para detectar la procedencia ilícita del dinero resultan evidentemente obsoletos al permitir que situaciones como esta se repitan con más frecuencia de la deseada.
A juicio de Rubén Vargas, especialista en temas de narcotráfico “no hay ninguna investigación, no hay ningún filtro que pueda identificar algún movimiento irregular que sirva a los intereses de una economía ilegal vinculada al narcotráfico, corrupción y que financien a partidos”. El especialista también pidió al Congreso reconsiderar el proyecto de ley que otorgaba a la UIF facultades en este aspecto, y que fuera rechazado por la representación nacional. “Los congresistas no pueden llenarse la boca diciendo que respaldan la lucha frontal contra el narcotráfico, pero rechazan una propuesta que impulsará una mejor fiscalización y evitará que dinero sucio se infiltre en los partidos”, afirmó en declaraciones divulgadas por la agencia peruana de noticias Andina.
