Por Verónica Moyano.
En el marco de una política orientada hacia un mayor cumplimiento de los estándares internacionales, el gobierno de Cuba aprobó nuevas normativas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), que entrarán en vigor el venidero ´primero de marzo.
El nuevo Decreto/Ley No. 317, que fue firmado en el mes de diciembre por el presidente Raúl Castro y publicado en la Gaceta Oficial del 23 de enero de 2014, busca dar mayores precisiones para la prevención, control y sanción ante la detección de actividades sospechosas, ajustándose así a los compromisos internacionales asumidos por Cuba.
La nota introductoria del documento oficial señala: “El Estado cubano en el interés de preservar la seguridad ciudadana y las demás conquistas sociales alcanzadas, así como de cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la Organización de Naciones Unidas, ha declarado que la prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que representan el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y cualquier otro relacionado de similar gravedad”.
Modificaciones
Entre las principales medidas incluidas en la nueva Ley se encuentra la inmediata congelación de cualquier fondo de entidades extranjeras vinculadas a Al Qaida y los talibanes, con lo que se estaría adscribiendo a las resoluciones de la ONU de 1999 y 2001 que sancionan vínculos con dicha organización terrorista. Se especifica asimismo que tal medida será aplicada a personas o entidades identificadas como “terroristas” por el Consejo de Seguridad, o “por solicitud de cooperación de terceros países”.
Cabe recordar que la congelación inmediata de los fondos de las personas que participen en la comisión de actos terroristas está incluida entre los puntos centrales que el Comité Antiterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU estipula para la lucha contra el terrorismo internacional y que hasta el momento pudiera considerarse como una de las principales deficiencias que la isla caribeña presentaba en su política CFT.
La nueva ley regirá sobre instituciones financieras, oficinas de representación, incluidas las extranjeras, y otras personas jurídicas y naturales del sector estatal y privado, entre las que se incluye a abogados, notarios, consultores y contables quienes tendrán la obligación de “reportar las operaciones sospechosas, así como también tomar las medidas pertinentes a fin de minimizar el riesgo frente a dichos delitos.
Asimismo, se aprobó la creación de una Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras sujeta al Banco Central de Cuba (BCC), cuya función será la de controlar el cumplimiento de los principios y estrategias para prevenir la utilización del Sistema Bancario y Financiero cubano como vía para la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas ante la que deberán responder los diferentes sujetos obligados.
Hacia una mayor apertura
Desde hace cinco años, el gobierno cubano viene desarrollando una política de mayor apertura comercial que le exige al mismo tiempo un mayor compromiso internacional en materia no sólo económica, sino también jurídica y político social. En función de ello es que se han ido tomando medidas en pos de una adaptación a los estándares internacionalmente aceptados.
En el año 2012, Cuba se incorporó como miembro del GAFISUD, dependencia regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comprometiéndose a adoptar y aplicar las recomendaciones del organismo internacional en materia ALD/CFT.
El GAFI sacó a Cuba en 2013 de la lista de países y jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que no han hecho progresos suficientes para solucionar las mismas. Actualmente la isla figura en otra lista de 24 países que se encuentran en proceso continuo de revisión de sus sistemas ALD/CFT en materia de cumplimiento de los estándares del organismo.
Por otra parte, dentro del proceso de actualización del modelo económico cubano, a partir de 2014 comienza a regir un nuevo marco de cooperación entre Naciones Unidas y Cuba que tendrá vigencia hasta el año 2018. El acuerdo estipula estrategias de desarrollo conjuntas centradas en el ser humano y que tiene como objetivo principal lograr de manera sostenible la calidad de vida de la población.
En relación a la actividad comercial de la isla, un hecho fundamental lo marca la creación de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) en la zona portuaria de Mariel, que está concebida como un eje de comercio para el Caribe y las Américas, por la que Cuba espera atraer inversiones en el “megapuerto” para la producción de medicamentos, biotecnología, energía renovable, agricultura, industria, turismo y otras áreas.
Esta nueva realidad económica es la que refleja el decreto cuando refiere: “La creación de compañías, asociaciones y otras formas de administración comercial y públicas exigen que se amplíen y armonicen, con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes”.
El objetivo, según se desprende de la nueva Ley, consiste en crear las estructuras y bases legales para poder controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operación que trate de encubrir las actividades ilícitas en territorio cubano.
En tal sentido, la actualización del marco normativo en materia ALD /CFT pudiera considerarse un paso fundamental y necesario hacia el compromiso internacional asumido por el gobierno de Raúl Castro en pos de ofrecer seguridad y confiabilidad a su país de cara a un escenario de “creciente internacionalización de las relaciones económicas…”, tal como plantea el documento de la ley publicada en la Gaceta Oficial.
Bajo la atenta mirada internacional
En la actualidad, Cuba se encuentra a la espera de las conclusiones derivadas de la inspección, verificaciones y consultas que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva adelante en relación a la captura de un barco con bandera norcoreana, que fue descubierto a mediados de 2013 en aguas de Panamá con un cargamento no declarado de armas procedentes de la isla caribeña, violando las restricciones impuestas a las relaciones comerciales con Corea del Norte.
Por otra parte, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene a Cuba en la “Lista de Países vinculados al Terrorismo o que apoyan a países terroristas”, situación ésta que ha llevado al gobierno cubano a protestar ante EE.UU., órganos internacionales y la prensa nacional y extranjera al considerar injustificado dicho pronunciamiento, alegando además no someterse a la jurisdicción norteamericana en esta materia, ni en lo referente a Derechos Humanos y otros asuntos conexos.
