Por: Departamento Editorial
Los miembros del Grupo de Acción Financiera expresaron su preocupación por la falta de transparencia sobre las estructuras corporativas y el beneficiario final que persiste en muchas jurisdicciones, al cierre de la sesión plenaria del organismo que se realizó en París entre el 19 y el 21 de octubre.
En un comunicado oficial, los miembros del GAFI expresaron que los acontecimientos recientes y los resultados de las primeras nueve evaluaciones mutuas de la cuarta ronda que adelanta el organismo, “revelan que los países todavía no están aplicando plena y efectivamente las medidas para prevenir el mal uso de las empresas, fideicomisos y otros vehículos corporativos”.
Ante esta situación, el ente se comprometió a emitir en el futuro nuevas guías y recomendaciones para ayudar a comprender cómo están siendo usados las diversas figuras corporativas para legitimar dinero y el rol que juegan los profesionales intermediarios.
En relación a las listas del organismo, el único cambio fue la salida de Guyana de la lista de monitoreo continuo. De esta forma, quedaron en esta categoría: Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Iraq, Lao PDR, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.
Corea del Norte se mantiene como el único país sobre el cual el GAFI pide a sus miembros y no miembros a aplicar contra medidas para proteger al sistema financiero internacional. Por su parte, Irán permanece solitario en la lista de naciones sobre las cuales se exhorta a que otras naciones apliquen medidas de diligencia debida reforzada
Servicios de Corresponsalía
Reiterando su preocupación por el fenómeno del “de-risking”, la plenaria del organismo aprobó la publicación de la Guía de Servicios de Banca Corresponsal (disponible solo en inglés), en la cual se “clarifica cómo los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo deben ser gestionados, cliente por cliente, en el contexto de la relación de corresponsalía.
Guía de Servicios de Banca Corresponsal (disponible solo en inglés)
En la introducción de la guía, el GAFI señala que el “de-risking” es impulsado “por diversos factores, entre otros: la rentabilidad; los riesgos de reputación y responsabilidad; cambios en el apetito de riesgo financiero de los bancos; el importe de las sanciones económicas impuestas por las autoridades (…), el aumento de los costos de cumplimiento asociados con la implementación de los requisitos normativos, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la confusión causada por el término de Conozca al Cliente de su Cliente” (KYCC, la sigla en inglés).
La guía está orientada no solo a los bancos que ofrecen servicios de corresponsalía y aquellos que son clientes, sino también incluye las relaciones existentes con los proveedores de Servicios de Transferencia de Monedas o Valores (MVTS por sus iniciales en inglés), quienes en algunos casos actúan como intermediarios para transferir dinero o valores.
El documento orienta sobre distintos temas prácticos como los procesos de verificación de la información de los bancos cliente, así como el análisis de la documentación para determinar el riesgo. También aborda sobre el proceso de monitoreo continuo y los procedimientos de debida diligencia que debe tenerse sobre las relaciones de corresponsalía. Otro aspecto importante es que ofrece orientación para aquellas instituciones financieras que tienen clientes MVTS.
El caso Brasil
El pleno del organismo también reiteró sus preocupaciones sobre Brasil, país al que le advirtió que pudieran tomarse futuras medidas si antes de febrero de 2017 no logra solventar algunas “deficiencias serias” especificadas en el reporte de la tercera evaluación mutua publicado en 2010.
En febrero de este año, el GAFI había expresado su preocupación, porque el país sureño no había atendido adecuadamente deficiencias como la falta de criminalización del financiamiento del terrorismo, una falla que incluso había sido detectada en la segunda ronda de evaluaciones mutuas en el año 2004.
En respuesta a ese comunicado, el 16 de marzo de este año las autoridades brasileñas promulgaron la Ley 13.260, mediante la cual se criminalizó el terrorismo y su financiamiento. Además, para fortalecer la lucha contra estos delitos, las autoridades cariocas han estado elaborando varias ordenanzas mediante las cuales se impulsará el cumplimiento de las Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Estas ordenanzas aún no han sido promulgadas.
Justamente en esta plenaria el organismo aprobó la publicación de la Guía Criminalizando el Financiamiento del Terrorismo (disponible solo en inglés), en un esfuerzo por ayudar a los países que aún mantienen deficiencias en el cumplimiento de la Convención del Financiamiento del Terrorismo (1999) y las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Guía Criminalizando el Financiamiento del Terrorismo (disponible solo en inglés)
