Por el Departamento Editorial. ![]()
La falta de autonomía y de independencia operativa fueron los argumentos esgrimidos por los miembros del Grupo Egmont para suspender la membresía de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, durante la 25° Plenaria del organismo realizada en la ciudad de Sydney, Australia.
El comunicado indica que los líderes del organismo “reconocieron los esfuerzos de la UIF El Salvador para abordar estas preocupaciones a través de un proceso legislativo, pero su independencia operativa y su autonomía no pueden ser aseguradas”.
En agosto de este año, el presidente de la república del país centroamericano, Salvador Sánchez Cerén, rechazó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de que la norma era violatoria de la Constitución Nacional. Esta reforma contemplaba ajustes para garantizar la independencia de la UIF, lo que hubiese colocado al país en cumplimiento de los principios del Grupo Egmont.
“El Grupo Egmont está convencido de que la independencia operativa y la autonomía son un criterio esencial de la eficacia de la UIF, entre otros factores, en la lucha contra la corrupción. De hecho, ha sido uno de los temas más urgentes para los miembros que han enfrentado asuntos de cumplimiento”, precisó el ente multilateral.
La medida excluye a la unidad salvadoreña de la red conformada por 159 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, a través de la cual se intercambio información relacionada a investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. “El Grupo Egmont proporciona una plataforma para el intercambio seguro de experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ML / TF). Esto es especialmente relevante ya que las UIF están en una posición única para cooperar y apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo y son la puerta de acceso confiable para compartir información financiera a nivel nacional e internacional”, señala el sitio web del Grupo.
Esta medida automáticamente aumenta el nivel de riesgo geográfico de El Salvador, ya que la pertenencia y el cumplimiento de los estándares del Grupo Egmont es uno de los indicadores manejados para evaluar a los países.
De igual forma, el sistema financiero nacional estará expuesto a mayores controles de parte de la banca corresponsal y de los socios internacionales, lo que pudiera ocasionar incrementos en los costos operativos y de cumplimiento para las instituciones, así como mayores costos para los individuos que necesiten acceder a sistemas de pago y transferencias internacionales.
En abril de este año, el gobierno de Estados Unidos en su Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos – Lavado de Dinero (Parte II) advirtió sobre el alto riesgo dela nación centroamericana: “El Salvador es geográficamente vulnerable al tránsito de cocaína sudamericana con destino a los Estados Unidos. Esto y la existencia de algunas relaciones comerciales y políticas estrechas con Venezuela hacen que sus instituciones financieras sean vulnerables a las actividades de lavado de dinero (…) A diciembre de 2017, había 17 zonas francas en operación en El Salvador. Las zonas francas son particularmente vulnerables a actividades ilícitas como el lavado de dinero basado en el comercio y el contrabando de efectivo”.
El Salvador pudiera enfrentar medidas adicionales si no muestra correctivos antes de la próxima plenaria del organismo, prevista para el mes de julio de 2019 en los Países Bajos.




