Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son una de las principales fuentes de “poder” para quienes tienen acceso a los datos que manejan.
La importancia de la información que reciben, procesan y analizan las unidades antilavado ha quedado en evidencia cuando el 26 de abril el Senado de Estados Unidos le pidió a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) un reporte con la información transaccional asociada al presidente Donald Trump y varios de sus asociados, como parte de las investigaciones sobre posible colusión e injerencia de Rusia en el proceso comicial celebrado en Estados Unidos el año pasado.
El requerimiento de los miembros del Comité de Inteligencia del Senado a FinCEN es preciso: toda la información colectada sobre Trump, sus familiares y allegados, así como cualquier análisis o reporte efectuado por los técnicos de la unidad estadounidense antes, durante y después de las elecciones.
Ya FinCEN venía participando activamente en las investigaciones adelantadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés). Sin embargo, esta petición es particular porque no proviene de otra agencia del ejecutivo (que es usualmente el poder que tiene acceso a la data de las UIFs), sino del poder legislativo.
El papel de la unidad antilavado es crucial, especialmente cuando las expectativas en torno a esta investigación crecen cada día, incluso hasta el punto de que se habla de un posible “impeachment” si los resultados de las investigaciones muestran colusión entre Trump y los rusos antes de las elecciones, o si se demuestra que intentó parar las investigaciones adelantadas por el FBI ya estando en la Oficina Oval.
En esta ocasión, la información de FinCEN es utilizada siguiendo los parámetros establecidos en las normas estadounidense, es decir, sin abuso de autoridad, aunque haya un componente político de fondo. Preocupante es cuando la data que manejan las unidades antilavado es utilizada de forma abusiva e ilegal por los gobernantes de turno, lo cual, por cierto, ha sucedido en varias ocasiones en países latinoamericanos. Ojalá no suceda lo mismo en Estados Unidos.
