En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo de su escritorio. Fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y el casino pagó US$ 5 millones de multa por esa falla.
En aquel entonces, ningún organismo regulador estadounidense notó la falta del casino que durante año y medio dejó de presentar unos 800 RTEs mensuales. La entonces vocera de FinCEN, Sheri James, afirmó que la UIF estadounidense no contaba con la tecnología para detectar irregularidades como una caída radical en las presentaciones de informes.
Habían pasado 9 años desde que en 1994 FinCEN había sido designado como el organismo responsable de la aplicación de la Ley de Secreto Bancario y sus regulaciones, sin embargo, “no tenía los recursos”. El FinCEN de esa época era muy diferente a lo que es hoy: una poderosa “red” integrada por personal altamente capacitado, equipos modernos, infraestructura adecuada y, sobre todo, recursos que les permiten manejar eficientemente millones de reportes cada año. El FinCEN de hoy, aunque está lejos de ser perfecto e infalible, es el resultado de una verdadera voluntad de lucha contra el lavado… no así el FinCEN de hace una década atrás.
Tengo la esperanza de no tener que esperar tantos años para escribir sobre una muestra de evolución similar de las unidades antilavado de Latinoamérica, donde -salvo ciertas excepciones- no se han destinado los recursos necesarios para contar con unidades eficientes, autónomas, con personal capacitado y con recursos tecnológicos.
