El caso del HSBC no deja de sorprender y no deja de enseñar, pero en esta ocasión la enseñanza que nos deja es preocupante, decepcionante y la podemos resumir así: “si eres grande, puedes incumplir; te vamos a cobrar, pero no te vamos a juzgar”.
En 2012 el mundo quedó impactado por la enorme multa de US$ 1.900 millones impuesta al HSBC por varios reguladores de Estados Unidos. Sin duda, un “ejemplo” de sanción, tan grande como la magnitud de los incumplimientos del banco, que permitió el lavado de US$ 1.500 millones pertenecientes a carteles mexicanos y la violación de sanciones impuestas a diversas jurisdicciones.
Sin embargo, la ejemplar sanción fue cuestionada esta semana cuando un comité de diputados estadounidenses emitió un reporte señalando que el Departamento de Justicia decidió firmar el millonario acuerdo, pero no inició acciones penales contra el banco por decisión del Fiscal General, Eric Holder, quien ignoró las recomendaciones de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia (AFMLS por sus iniciales en inglés) que investigaba el caso. La causa de esta decisión fue la presión ejercida por el titular de la hacienda británica, George Osborne, quien el 10 de septiembre de 2012 advirtió que una acusación podría perjudicar a la economía global y tensar las relaciones con el Reino Unido (una elegante manera de solapar y permitir la ilicitud).
Si se iniciaba un juicio y se demostraba responsabilidad penal, las consecuencias hubiesen sido muy fuertes para el HSBC: el banco hubiese podido perder su licencia de operaciones en Estados Unidos y unos cuantos altos ejecutivos estarían tras las rejas. Obviamente los intereses británicos y estadounidenses no permitieron que esto sucediera por el “daño colateral”.
Para muchos que trabajamos en el mundo antilavado, sin importar el sector o la jurisdicción, es aberrante que los delitos sean ignorados argumentando “daño colateral” si se aplica la justicia. Debemos rechazar ese insensato y ofensivo mensaje de que “los grandes” no pueden ir a la cárcel o sufrir las consecuencias de sus actividades ilícitas, porque puede ser perjudicial para todos.
Lo revelado por este reporte parlamentario se suma a la no menos decepcionante noticia conocida en abril de este año, cuando la señora Jennifer Shasky Calvery (a quien personalmente consideraba la “dama de hierro” del antilavado estadounidense) anunció que renunciaba a FinCEN porque tenía una oferta “económicamente imposible de rechazar” para incorporarse al equipo de cumplimiento de un importante banco trasnacional (¡saben cuál?): HSBC.
Cualquiera pude pensar que es normal que un exregulador sea contratado por un sujeto obligado, pero en este caso no es una situación “convencional”, porque la señora Shasky era la jefa de la AFMLS y dirigió la investigación contra el HSBC. Según señala el reporte parlamentario, “insistentemente quería juzgar al HSBC”, pero sus superiores no lo autorizaron.
Entonces, no solo ignoramos los delitos de una institución y sus líderes por ser “económicamente” fuertes”, sino que además dicha institución limpia su cara contratando a su “principal acusadora”, quien no puede rechazar la millonaria oferta. Si otros jefes de cumplimiento de “Big Banks” ganan varios millones de dólares al año, me imagino que el nuevo salario de la señora Shasky tendrá suficientes ceros para que ahora se atreva a ser la cara del banco. No sé cuál de todos los actores involucrados en este caso es el más descarado.
No cabe duda de que Estados Unidos es el país donde más se implementan y cumplen las acciones contra el crimen organizado, el lavado y el financiamiento del terrorismo, así lo demuestran las estadísticas. Con sus deficiencias y sus virtudes, es el país donde más se confisca, más se condena, más se inspecciona, más se controla el flujo de dinero, más se analizan las transacciones, más… más… más… y otros cuantos “más”. Sin embargo, este tipo de “incongruencias” no deben pasar por alto y debemos rechazarla quienes día a día laboramos en este sector.
