Termina un año lleno de acontecimientos importantes en el mundo de la prevención de los delitos financieros y la gestión de los riesgos. Para quienes hemos estado en involucrados en este mundo durante la última década, no hay dudas de que cada año que pasa se pone más interesante e intenso.
Casos como el de los Papeles de Panamá -solo por nombrar uno- generaron cambios sustanciales en la forma como el mundo mira a las sociedades “offshore”, produjeron ajustes en los procesos de debida diligencia, nuevas evaluaciones de riesgos y hasta una nueva especie de “lista” de empresas que se debe consultar cuando se trabaja con clientes corporativos.
Este año se lograron más regulaciones, más avances tecnológicos, más personal humano calificado y más dinero puesto al servicio de quienes deben ejecutar la difícil labor de combatir al crimen organizado. Obviamente, también los delitos financieros han aumentado, los grupos criminales se han vuelto más sofisticados y los productos / servicios se han diversificados.
También se logró más atención pública sobre el tema, los medios de comunicación estuvieron más atentos a los casos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, a las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera, a las sentencias asociadas a estos delitos, etc. Todo esto genera cierto grado de presión social que obliga a empresarios y a políticos a prestarle más atención al sector.
El 2016 ha servido para que en algunos países latinoamericanos que estaban rezagados “finalmente” se le preste atención al problema, especialmente de parte de la dirigencia política y de los grandes grupos de poder.
En general, podemos decir que ha sido un año productivo para el “cumplimiento”. Sin embargo, me pregunto si ha sido un año igualmente productivo para los profesionales que día a día trabajan en el sector; me pregunto si todo lo ocurrido en 2016 ha impactado positiva o negativamente en su desempeño laboral; me pregunto si ahora son “más importantes” dentro de las estructuras corporativas.
