“Se terminó la luna de miel. El año próximo, podríamos ver multas superiores a los US$100 millones”, declaraba a Lavadodinero.com en el año 2011 el abogado estadounidense, Kenneth Bryant. No se equivocó. Quedarían rápidamente en el olvido las legendarias multas que marcaron la historia inicial de antilavado, como la de US$ 35 millones impuesta en 1994 a American Express Bank International por deficiencias antilavado relacionadas a traficantes de drogas mexicanos y colombianos; y la de US$ 80 millones aplicada en 2005 al banco holandés ABN AMRO por las deficiencias en sus operaciones compensatorias en dólares estadounidenses.
Lo que Bryant anunciaba se ha llamado informalmente la época de la “super-regulación”: más regulaciones y una actitud más agresiva de las autoridades, con más inspecciones, criterios más estrictos y, sobre todo, multas significativas que impactan a las entidades sancionadas.
El creador e impulsor de esta tendencia fue Estados Unidos, me atrevo a asegurar que impulsado más por una visión “monetaria”, que por una visión “ética”, pero igualmente es meritorio el esfuerzo.
A finales de 2011, nos sorprendió la multa de US$ 1.900 millones impuesta al HSBC, pero este monto sería rápidamente superado por la multa de US$ US$ 8.834 millones aplicada al BNP Paribas.
La “super-regulación” ha tenido dos consecuencias directas y lógicas muy positivas: ha permitido a los estados colectar fondos adicionales y ha motivado a muchas empresas a implementar programas de cumplimiento, de ética y antisoborno más completos.
Sin embargo, la super-regulación no se ha sentido en toda su magnitud en la región. Algunos reguladores han aumentado sus esfuerzos regulatorios, pero me atrevo a especular que motivados por dos razones: las evaluaciones del GAFI y/o los escándalos de lavado y corrupción. Aquí radica la gran diferencia con Estados Unidos, donde la “ambición” monetaria de los reguladores ha sido un mejor motivador que los “técnicos del GAFI”.
La corrupción es otro factor que atenta contra la super-regulación, ya que es más barato sobornar a unos pocos técnicos o a una autoridad -como pasa en algunos países de la región-, que pagar una multa o implementar un buen cumplimiento.
Por todo esto me pregunto: ¿será el 2017 el año de la “super-regulación” en Latinoamérica?
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