Por Juan Alejandro Baptista.
Contar con una estructura de cumplimiento adecuada supone un esfuerzo económico para las entidades reguladas, pero los requerimientos regulatorios y la creciente exposición a los riesgos exigen presupuestos sólidos para poder hacer las inversiones necesarias en personal, recursos tecnológicos y entrenamiento. Pero… ¿cuánto cuesta el cumplimiento actualmente?
Determinar un monto exacto por empresa, país o tipo de negocio es un reto complicado, ya que son muchos los factores que determinan el nivel de inversión necesaria: tipo y tamaño del negocio; marco legal de la jurisdicción; riesgos de los mercados donde opera; tipos de productos y servicios; objetivos comerciales; visión y misión corporativa; nivel de compromiso de la directiva, etc.
Se han emitido cifras generales, como lo hizo la firma Bain & Co. en septiembre de 2016, al afirmar que “los costos de gobernabilidad, riesgo y cumplimiento (GRC) representan del 15% al 20% de la base total de costos operativos de la mayoría de los grandes bancos”.
En el caso del cumplimiento antilavado (ALD), la empresa Research and Markets precisó que en 2017 los sujetos obligados a nivel global invirtieron más de US$ 8.000 millones en gastos de cumplimiento y programas antilavado. Las áreas de mayor inversión son los sistemas de monitoreo de transacciones, las auditorías independientes, la actualización y mantenimiento de sistemas asociados a la política Conozca Su Cliente, así como en otras áreas del cumplimiento como la implementación de procesos relacionados a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (FATCA, por sus iniciales en inglés).
Uno de los desafíos para realizar cálculos precisos en esta área es que los productos y servicios ofertados tienen precios que varían de acuerdo a la realidad de cada cliente. Por ejemplo, un software de monitoreo de transacciones puede ir desde US$ 25.000 al año para entidades reguladas de pequeño tamaño, hasta varios millones de dólares para un banco grande.
Estas variaciones son comunes en todo el mundo. Por ejemplo, la firma LexisNexis emitió en 2016 un estudio en el que indica que en el continente asiático “las empresas con activos inferiores a US$ 1.000 millones promediaron unos US$ 850.000 en costos anuales operativos ALD; las empresas de nivel medio promediaron US $ 7.4 millones; y las firmas con más de US$ 100.000 millones en activos gastaron un promedio de US$ 15.8 millones en cumplimiento ALD anualmente”.
“Hacer el presupuesto anual es un reto que tenemos cada año, debemos tener en cuenta muchos factores que varían de un año a otro. Si tenemos que actualizar el sistema de monitoreo hay que estimar ese costo o si hay que aplicar nuevos procesos establecidos por el regulador, incluso si debemos cumplir con nuevos mandatos internacionales”, explicó un oficial de cumplimiento de una entidad financiera colombiana, quien pidió mantener su nombre en reserva por no contar con autorización de la directiva para emitir declaraciones públicas.
A pesar de lo complejo para hacer estimaciones, se espera que el área de cumplimiento consuma cada vez más recursos. Una encuesta de la firma AlixPartners -realizada en 2017 a 361 instituciones financieras de todo el mundo-, señala que el 54% de los consultados dijo esperar aumentos en los presupuestos para cumplimiento de las normas antilavado durante 2018.
En Europa, se proyecta un aumento continuo del 17% en los costos del cumplimiento para los próximos años, según afirmaciones del portal Fintech Finance.
La Realidad en Latinoamérica
Si bien en Latinoamérica los presupuestos anuales del área de “compliance” no son tan elevados como en Estados Unidos, Europa y Asia, se vienen realizando inversiones significativas por parte de los grandes sujetos obligados, especialmente el sector bancario, el cual ha expresado su preocupación por los elevados costos del cumplimiento.
El pasado 07 de junio, el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Giorgio Trettenero Castro, expresó en un evento en Panamá que “los costos de cumplimiento y la incertidumbre juegan en contra [de la banca] produciéndose el fenómeno de de-risking y su consecuente cierre de líneas con los corresponsales”.
Por su parte, el presidente del mismo ente bancario, José Manuel López Valdés, advirtió que los “altos costos de cumplimiento son difíciles de asumir para los bancos medianos y pequeños”.
En toda la región los presupuestos anuales para cumplimiento son divergentes. Por ejemplo, en Perú los costos anuales de cumplimiento antilavado para una institución financiera de mediano tamaño pueden estar alrededor de los US$ 175.000, según Juan Carlos Medina, vicepresidente ejecutivo de cumplimiento del Grupo Financiero BOD y expresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Perú.
En el caso de Panamá, el experto Julio Aguirre señala que después de la aprobación de la Ley 23 en abril de 2015, “para los bancos y los que ya eran sujetos obligados, el costo está en la actualización de las medidas preventivas y, sobre todo, la actualización de los datos de los clientes preexistentes. Además, de haberse incorporado la responsabilidad por Ley para los auditores internos y la realización de una evaluación independiente. Hoy día, la mayor proporcionalidad de los costos recae en la evaluación independiente”.
El experto disgregó la manera como los costos están impactando a las entidades reguladas: “Hay un incremento en el costo de identificación y medición (Cumplimiento y Riesgos); el costo de establecimiento de los mitigantes (Cumplimiento y Riesgos); el costo de la evaluación de la efectividad de los controles establecidos (Auditoría Interna y evaluaciones independientes). No debemos dejar por fuera a los [costos asociados a los] comités de la Junta Directiva”.
En materia de entrenamiento, Aguirre precisó que en una institución financiera “un presupuesto debería estar por el orden de US$ 40.000 en lo que se refiere a capacitación general (Incluyendo el entrenamiento del grupo de cumplimiento), más acompañamientos de expertos que ayudan en investigaciones y gestión especial”.
En México, la realidad también depende del tamaño de las empresas (ver tabla). “Sobre los presupuestos anuales, en las empresas pequeñas es complicado tener una cifra real porque los oficiales de cumplimiento no tienen una cultura de generar presupuestos propios y se consideran dentro del presupuesto general de la entidad”, explicó Mireya Lozano, directora de riesgos y auditoría de BST Global Consulting.
En el caso de las empresas medianas, “el año pasado -con lo del enfoque basado en riesgo- las empresas comenzaron a generar y preparar presupuestos de cumplimiento; esto lo han hecho en base a las recomendaciones a los oficiales de cumplimiento de presentar sus presupuestos y los beneficios de contar con un área bien entrenada y con un buen sistema informático, sobre todo si lo ven desde el punto de comparación con el gasto por pago de multas”, añadió Lozano.
La experta chilena, Tamara Agnic, socia de la consultora KPMG y exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero, afirma que en su país “hay mucha disparidad en la posición relativa que tiene la función de cumplimiento al interior de las empresas chilenas (en las que existe el área). Algunas se lo han tomado muy en serio y lo ven realmente como una inversión, pero muchas otras continúan viéndolo como un gasto y, por tanto, tratan de hacer ahorros que a la larga resultan en costos reputacionales elevadísimos”.
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NOTA: en la segunda parte se revisarán los salarios del personal de cumplimiento en múltiples países de la región y se hará un análisis del cumplimiento en Canadá.
